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El ministro de Economía, Cristóbal Montoro, anunció la semana pasada una amnistía fiscal para regularizar así unos 25.000 millones de euros (aproximadamente el 10 % de la economía sumergida). De esta forma particulares o empresas que hayan defraudado a Hacienda pueden blanquear su dinero negro, sacarlo a la luz, sin sufrir ningún castigo y pagando solo un gravamen simbólico del 10%, muy inferior a los a los impuestos que debería de haber pagado y muy inferior también a los impuestos que paga (pagamos) el común de los mortales. Vamos lo que se conoce popularmente como blanquear dinero.
Hoy ya se han comenzado a escuchar voces discordantes que tildan la medida de anticonstitucional al vulnerar el artículo 31 de la Constitución, que dice:
“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su
capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios
de igualdad y progresividad”.
Y es que gravar solo con el 10 % esas cantidades procedentes en muchos casos de negocios ilícitos (cuando no ilegales), convierte el fraude en privilegio. Esta amnistía fiscal deslegitima al Estado. El mensaje es claro: a los estafadores que posibilitaron el pelotazo inmobiliario y que han robado a manos llenas, les perdonamos; pero a esas 42.000 familias que no pudieron pagar sus hipotecas en 2011, les desahuciamos. Premiar al defraudador.Desde luego esta política no es justa, ni es social, no es ética, ni es defendible.
Ah perdón, que estamos en crisis y se ha instaurado la política del aquí todo vale. Alguien nos sigue machacando. Esto es piedra.
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